Cuestión de principios

Cuestión de principios

Alfa y Omega
Teófilo González Vila
14/06/07

Educación para la ciudadanía, tal como está concebida y establecida, responde a una concreta concepción particular moral y antropológica. Pero en cuestiones de esa índole las autoridades públicas están obligadas a respetar escrupulosamente la pluralidad a la que da lugar el ejercicio de las libertades ideológica, religiosa y de enseñanza, así como, muy en concreto, el derecho de los padres a decidir qué formación moral han de recibir sus hijos. Imponer a todos como obligatoria esa materia supone conculcar esas libertades, vulnerar ese derecho. Es más: aun cuando se limitara a ofrecer esa materia como opcional, la autoridad pública ya sólo con eso favorecería a la concreta opción particular que la inspira y dejaría de guardar la imparcialidad a la que está estrictamente obligada para asegurar a todos los ciudadanos el ejercicio de sus libertades en pie de igualdad. No cabe duda de que, con esa mera oferta ya se tomaría partido, se pondría todo el peso del poder y sus medios, a favor de una línea moral concreta que quedaría así oficializada. ¿Y las otras? El poder no puede legítimamente imponer ni aun favorecer ninguna opción, ni aun cuando fuera la mayoritaria, ni aun cuando fuera la católica. Por las mismas razones que nuestra Constitución establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” hemos de repetir que “ninguna moral tendrá carácter estatal”.

Estos días, algunos sabios nos recuerdan que el derecho de los padres no es absoluto. Ya lo sabíamos. Es más: hay padres que maltratan a sus hijos y son tan desastrosos que pueden merecer que se les prive de la patria potestad (por vía judicial, claro). Pero supongo que a nadie se le ocurrirá --¿o sí?--, por eso, proponer que el Estado prive preventivamente de sus derechos educativos a todos los padres y se convierta él en padre providente y benéfico educador universal de todos los ciudadanos. También se ha dicho que determinados centros podrán desarrollar esa materia conforme a su ideario (lo cual, por cierto, exigirá formular muchos objetivos en términos distintos de los establecidos por la normas y desechar, sin más, gran parte de los criterios de evaluación que éstas determinan). Pero la cuestión es ésta: ¿acaso los padres que llevan a sus hijos a otros centros, en concreto, a los públicos, pierden, por eso, sus derechos y tienen que aceptar que la formación moral de sus hijos responda no a sus convicciones sino a las particulares de quienes manden en cada sitio y momento, a las del señor consejero, de la señora consejera, del pedagogo orgánico del partido o de este o aquel profesor?

El que un buen día un grupo de personas nos comunicaran que han decidido educarnos a todos --re-educarnos, claro, a los más-- para hacernos buenos ciudadanos no podría dejar de producirnos vergüenza ajena, ofrecerían un blanco seguro para el jolgorio de muchos y nos llevaría a experimentar una fundada preocupación por su salud, vamos a decir, “psico-democrática”. (¡¿Pero quiénes se han creído éstos que son?! diríamos “divertidos”). Ahora bien: si quienes sostienen esa pretensión de uniforme educación de la ciudadanía son los que tienen el poder político, ya no hay lugar al más ligero regocijo, sino que han de saltar todas las alarmas. Y, por supuesto, más que por su salud, debemos empezar a preocuparnos por la nuestra. Ese tipo de delirio antidemocrático ha de ser atajado desde el primer momento. No podemos “hacer la vista gorda” porque nos hayan dicho que ellos –los que mandan-- la van a hacer con nosotros. Lo que no se puede admitir es el mero hecho de que quienes ejercen el poder se consideren legitimados para formar, según su particular saber y entender, la conciencia moral de los ciudadanos. No se trata simplemente de poner reparos a una nueva materia escolar. No. Aquí, detrás del caso particular de esa materia escolar, lo que está en juego es una cuestión de principios, algo absolutamente radical: la libertad, sin más, la democracia misma. Por eso hay que poner en juego todos los resortes del ordenamiento jurídico, incluida, en su caso, la objeción de conciencia, frente a la imposición de esa materia en los términos en que está concebida. ¿Exagero? Por no alarmar –ni crispar, ¿verdad?-- ante las primeras casi imperceptibles amenazas a la libertad, la perdieron por completo, y con ella sus vidas, pueblos enteros no hace mucho…

Teófilo González Vila. Madrid

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